Además remarcó que "en la provincia que le paga el sueldo hay severos problemas para resolver y que es un desatino que abandone sus funciones –en días hábiles- y se vaya a ‘ejercer la abogacía a Chubut’, por más que lo haya propuesto la familia Maldonado y autorizado el ministro Germán Garavano”.

“Un defensor de casación de la provincia de Buenos Aires no puede ni debe intervenir en una causa de Chubut", sentenció.

Losinno recordó que el antropólogo Alejandro Incháurregui, que estuvo presente en el procedimiento para retirar el cuerpo hallado en el Río Chubut, fue echado por el ministro Cristian Ritondo y "denunciado por este abogado en el marco de la causa FLP 9719/2015 por realizar diligencias probatorias ilegales que se pasaban por el traste derechos y garantías de víctimas e imputados".

Según el letrado "debió convocarse a un médico autopsiante –con especialidad en tanatología- y filmar la operación que sin dudas era aconsejable que se realice en el lugar del hallazgo y si querían que viajen los peritos a Chubut y no al revés".

"La actividad de un funcionario público bonaerense que pone en duda a los funcionarios públicos chubutenses sólo genera desconfianza y confusión", cuestionó el abogado platense y se preguntó si este accionar no es solo la antesala de una designación de Corialano como procurador del Chubut, lo que completaría el papelón de su actuación en este caso.

"Tanta ha sido la desinformación que se sigue hablando de un plan del Estado para hacer desaparecer personas, de desapariciones forzadas, de torturas, de sembrado de cadáveres, de encubrimiento y demás conspiraciones que hoy por hoy no dejan ver que por ahora se puede afirmar que hubo un ahogamiento alejado de toda la parafernalia delictiva que se le imputa al Estado Nacional y que justificaría la intervención del representante de ONU”, concluyó Losinno.