Política
Compra de bienes para Comodoro

Diputados denuncian a funcionarios de Das Neves por "administración fraudulenta"

La diputada Dufour, una de las denunciantes por administración fraudulenta.

Los diputados provinciales del Frente para la Victoria, Alejandra Marcilla, Gabriela Dufour y Blas Meza Evans presentaron una denuncia penal en la Fiscalía de Rawson contra los funcionarios provinciales Diego Correa, subsecretario de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de la Familia.

La denuncia fue confirmada este martes por la mañana a LU 20 Radio Chubut de Trelew al reconocido programa del periodista, Carlos Di Filippo por el diputado Blas Meza Evans, quien consideró muy sospechoso que las compras se realizaran todas en Trelew, Rawson y Puerto Madryn cuando eran destinadas para el sur provincial.

Los legisladores provinciales los acusan del delito de “administración fraudulenta en la compra de bienes y pago de servicios vinculados a la emergencia climática de Comodoro Rivadavia”.

Vale recordar que todo se inició el lunes 28 de agosto con la aparición de un sobre dirigido a los tres legisladores que fue dejado en unas escaleras internas de la Legislatura del Chubut. El hecho mereció la intervención de la Policía ante la denuncia de una amenaza de bomba que, finalmente, no era cierta. Pero lo insólito con las investigaciones correspondientes es que el sobre fue dejado por la secretaria privada del ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino.

La denuncia

Al constituirse como querellantes, los diputados manifiestan en la denuncia que “venimos a presentar formal denuncia penal contra los Señores, Diego Miguel Correa, Subsecretario de la Unidad Gobernador del Gobierno de la provincia del Chubut y el Subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Fabián Suárez del Ministerio de la Familia, ambos con domicilio laboral en Fontana 50 de la ciudad de Rawson y/o contra quienes resulten autores, coautores o partícipes del delito de administración fraudulenta en virtud de las razones, documentación y demás prueba que se ofrece”.

En cuanto a la entrega, la denuncia aclara que “mediante el sistema de cámaras de seguridad se pudo constatar que en horas de la mañana ingresó a la Legislatura la Señora Marcela Haydée Aramendi de Salto. La misma revista

como secretaria privada del Ministro Coordinador de Gabinete , Alberto Gilardino y pidió entrevistarse con el Señor Alejandro Sandilo, Secretario Privado del Señor, Vicegobernador Mariano Arcioni. Las cámaras detectan que la Señora Aramendi era la portadora del sobre de papel madera según asegura el encargado de la seguridad de la Legislatura, Señor Carlos Iraola. Luego de entrevistarse con el Señor Sandilo; la Señora Aramendi desciende a planta baja por una escalera de servicio donde no hay cámaras de seguridad y cuando llega a planta baja ya no portaba el sobre en cuestión”.

Los legisladores manifiestan en la denuncia que “el sobre contenía numerosas fotocopias de actuaciones administrativas encabezadas por un escrito impreso en computadora en letra mayúscula con la leyenda “Gilardino en Miami, Das Neves internado, carpintero de vacaciones, Lassaga a cargo, los nenes mandan”.

También indican que “el grueso de las fotocopias corresponden a distintos expedientes de compra de bienes y pagos de servicios vinculados a la emergencia climática de Comodoro Rivadavia y otras zonas de la provincia, realizados en el marco del Decreto 353/17 de Declaración de Emergencia y sus concordantes dictados posteriormente”.

Se resalta en la denuncia que “si bien es cierto que las declaraciones de emergencia posibilitan la realización de contrataciones rápidas y sin los controles propios de los procedimientos habituales de la administración pública, no implica que se pueda hacer cualquier cosa y mucho menos defraudar al Estado. Lo primero que se debe destacar es que las compras de bienes se han realizado todas en esta zona (Trelew, Rawson y Puerto Madryn) para atender la emergencia de Comodoro Rivadavia. Resulta absurdo y antieconómico que las compras se efectúen a 380 kilómetros del lugar de la catástrofe cuando se trata de bienes que sin duda se podían adquirir en la ciudad sureña afectada por el temporal”.

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