El debate legislativo se generó ante la reticencia del Bloque Chubut Somos Todos con el planteo de la diputada Alejandra Taccari al considerar que “por reglamento no se puede tratar el tema sin el dictamen de la comisión”.

Fuerte debate

En la “Hora de Preferencia”, la diputada Estela Hernández instó a sus pares a acompañar la sanción de la ley de Emergencia Social ante sucesivos hechos de violencia contra la mujer y casos de femicidio en el ámbito chubutense.

Precisamente, un reciente y grave suceso ocurrido en la zona que puso en riesgo de vida a una joven fue detonante para impulsar esta iniciativa legislativa.

Tras plantear que no siempre las denuncias son tenidas en cuenta y aludir a la ineludible responsabilidad del Estado ante la búsqueda de contención para las víctimas, Hernández explicó que si bien se trata de cuestiones a solucionar a largo plazo por los diversos factores que atañen a esta problemática social, insistió en procurar herramientas institucionales, como así también bregar por la educación, la prevención y la capacitación en pos de este fundamental objetivo de atacar a este flagelo social, sin pérdidas de tiempo a la luz de la sucesión de graves episodios.

Otarola contundente

De modo enfático replicó la diputada Cecilia Torres Otarola (PJ-FPV) al referirse a situaciones de desamparo de mujeres víctimas de la violencia y comentó su experiencia familiar al plantear que había que “sentir en la piel esta sensible problemática”.

Para el diputado García es “un circo”

El presidente del Bloque oficialista “Chubut Somos Todos”, Jerónimo García, planteó que había un cariz político y de interés partidario en instalar este proyecto de ley con urgencia de tratamiento, advirtiendo que había que despojarlo de actitudes demagógicas, “están haciendo un circo con una problemática muy seria” y tuvo enseguida la réplica de su par, Hernández que aclaró que no se trataba de réditos políticos sino de procurar rápidas respuestas ante acuciante problemática de violencia de género y femicidios, sin desmerecer en absoluto el trabajo emprendido en la Comisión Interpoderes y el accionar gubernamental.

Puntos principales del proyecto

La norma dispone que el PEP debe adecuar y dotar de personal técnico y administrativo suficiente a la Dirección Provincial de Equidad y Género, en un plazo de 12 meses, a fin de garantizar inmediata atención a las víctimas en las áreas psicológicas, sanitaria, social, laboral y jurídica. Dicho equipo interdisciplinario deberá contar como mínimo de 3 Psicólogos, 1 Abogado, 1 Ginecólogo y 5 Trabajadores Sociales.

Prevé la creación, en el plazo de tres meses, del Programa de Reinserción Social Laboral y/o para las personas en situación de Violencia de Género. El programa tendrá operativos subsidios para pago de alquiler de única vivienda, a otorgarse durante 12 meses un monto equivalente al 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil para que pueda disponer de una vivienda digna para su grupo familiar cuando esta persona sea único sostén del mismo y no tenga ninguna remuneración.

Asimismo, crédito a tasa subsidiada para el inicio de actividad productiva; Prioridad para la inserción en la administración pública provincial (2 por ciento de vacantes de cargos disponibles en el Estado a personas en situación de violencia de género).