Diputados preocupados por "el accionar violento" en operativos del Ministerio de Seguridad
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Legisladores provinciales del “Frente de Todos” y de “Juntos por el Cambio” en Chubut, acercaron un pedido escrito al gobernador Mariano Arcioni, con copia al vicegobernador, Ricardo Sastre con el objeto de “expresarle nuestra creciente preocupación ante las reiteradas y cada vez más habituales denuncias que nos acercan ciudadanos de distintos puntos de la provincia, por el accionar violento que se estaría ejerciendo durante los operativos realizados por el Ministerio de Seguridad, para dar cumplimiento al aislamiento preventivo y obligatorio decretado por las autoridades gubernamentales, violando derechos y garantías reconocidas constitucionalmente”.
Tal documento, firmado por once diputados –en total son 27-, todos de la oposición, sostiene en otro de los párrafos que “no desconocemos la imperiosa necesidad de acatar todas y cada una de las indicaciones emanadas de las autoridades nacionales y provinciales que apuntan a evitar la propagación de Covid-19, impidiendo el colapso del sistema sanitario y preservando la salud de la población en general” resaltando que por eso “no es menos importante que la coacción habilitada a las fuerzas de seguridad comandadas por el ministro de Seguridad, Federico Massoni para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas a las que nos vemos obligados, deben hacerse en el marco de la ley, respetando todas las garantías constitucionales de los ciudadanos de nuestra provincia”.
Los legisladores provinciales destacan que “tal como lo ha informado el Ministerio de Defensa Pública de nuestra provincia, según las normas vigentes, y siempre teniendo en cuenta que no nos encontramos en el marco de un Estado de sitio, el procedimiento policial destinado a lograr el cumplimiento del aislamiento social se debe realizar respetando y preservando el Estado de Derecho”.
Falta de respeto
Los diputados resaltan que dentro de intención está el de dejar bien en claro que “el personal policial, que sigue y acata órdenes directas del Jefe de Policía y del Ministro de Seguridad, no puede agredir verbal ni físicamente al demorado. Se tiene que dirigir con respeto y, según el caso, informar al ciudadano de los alcances de la normativa. No puede proferir amenazas ni intimidaciones” sosteniendo que “únicamente si la reticencia del demorado para cumplir con la normativa es manifiesta, la detención se puede efectuar por la fuerza, pero su empleo debe estar dirigido exclusivamente a lograr la reducción de la persona”.
Garantías constitucionales
En otro punto, los legisladores le solicitan al gobernador “su intervención, arbitrando los medios necesarios y suficientes para que, en forma urgente, el Ministerio de Seguridad haga respetar la normativa vigente, dentro de sus atribuciones, con el respeto debido a las libertades individuales y las garantías constitucionales, derechos fundamentales de la vida en democracia. No podemos permitir como sociedad, que este tipo de prácticas que recuerdan a épocas que considerábamos ya olvidadas y que nadie desea volver a vivirlas, formen parte de nuestra vida cotidiana”.
La nota lleva la firma de los diputados: Carlos Mantegna, Adriana Casanovas, Mónica Saso, Carlos Eliceche, Bélen Baskovc, Mario Mansilla, Tatiana Goic, Rafael Williams, Manuel Pagliaroni, Andrea Aguilera y Sebastián López.
