El fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, y el fiscal de Estado adjunto, Christian Martínez, presentaron ante la Justicia la primera demanda de extinción de dominio, enmarcada en la Ley XIII 28, sancionada durante la actual gestión y que estableció la creación del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, con el objetivo de recuperar bienes adquiridos directa o indirectamente a través de delitos tipificados en el régimen procesal, y hechos de corrupción.

La demanda fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, contra el ex presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Carlos Barbato, entre 2016 y 2019; y su esposa Graciela Perrone. Ambos fueron condenados en 2023 a tres años y dos años de prisión condicional, respectivamente, por el delito de enriquecimiento ilícito como funcionario público y la segunda por ese delito aunque en carácter de interpósita persona, tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La extinción de dominio abarca distintos bienes adquiridos por el matrimonio durante el paso de Barbato por la función pública entre 2016 y 2019, entre ellos una vivienda de 200 metros cuadrados, de dos plantas con quincho incluido, construida sobre un predio de 300 metros cuadrados ubicado en el balneario Playa Unión de la localidad de Rawson; dos camionetas pickup y un vehículo de alta gama marca BMW; y un vehículo utilitario todoterreno (UTV) marca Artic Cat, modelo Trail T.

La solicitud enmarcada en la ley sancionada por la Legislatura en 2024, solicita "se declare la extinción del dominio sobre dichos bienes sin contraprestación ni compensación alguna a favor de los demandados, así como de sus frutos y productos, y se ordene el cambio de titularidad en favor del Estado Provincial", con la imposición de costas judiciales a las dos personas demandadas.

Decisión política

Al respecto, Torres señaló que "tal como lo dijimos cuando impulsamos el proyecto de ley que hoy es norma en nuestra provincia, a diferencia de lo que ocurrió durante muchos años, en Chubut hoy el crimen no rinde beneficios, y este gobierno está comprometido en recuperar los bienes adquiridos ilegítimamente, trasladándolos al dominio del Estado; es decir, regresándolo a los chubutenses".

La implementación de la Ley de Extinción de Dominio y la primera demanda contra un ex funcionario público condenado por corrupción "es una decisión política que apunta a seguir construyendo una provincia más justa y transparente, combatiendo la corrupción que durante tanto tiempo afectó el funcionamiento de las instituciones democráticas, perjudicando al Estado y, en definitiva a la ciudadanía, que hoy es testigo de un verdadero acto de Justicia".

Investigación y condena

Carlos Barbato, que se había desempeñado como titular del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut entre 2016 y 2019, fue hallado penalmente responsable, en el año 2023, del delito de "enriquecimiento ilícito de funcionario público", y condenado a tres años de prisión, más la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, su esposa Graciela Perrone, fue declarada autora penalmente responsable del delito de "enriquecimiento ilícito en carácter de interpósita persona" y condenada a dos años de prisión.

En la demanda presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, se expuso que "el producido de esos delitos se materializó en los bienes muebles e inmueble cuyo dominio se pretende extinguir, incorporados al patrimonio de los demandados con posterioridad a la fecha de la comisión del delito por el que resultaron condenados, en tanto que no se corresponden razonablemente con sus ingresos y representan un incremento patrimonial injustificado".

Carlos Barbato desempeñó el rol de presidente del IAS Lotería del Chubut entre enero de 2016 hasta julio de 2019, "período durante el cual incrementó significativamente su patrimonio, al que incorporó una vivienda y una serie de vehículos automotores, en un margen que no pudo ser justificado con los ingresos que percibía ni por ningún otro medio legítimo", indica el texto de la demanda.

El documento agrega que, durante dicho período, "Barbato no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública, y su pareja, Perrone, se desempeñó en su rol de 'Ama de Casa', no percibiendo ningún tipo de emolumento que nutriera el patrimonio de ambos" hasta 2019, cuando fue incorporada a la administración pública provincial percibiendo un salario mensual de 31.000.