El gobernador de Chubut, Martín Buzzi pidió que todos sus funcionarios se hagan una rinoscopia. En tal sentido firmó un decreto estableciendo que, si bien el examen es voluntario, quien no lo haga debería abandonar inmediatamente la administración pública.

Ante tan extraordinario decreto es preciso analizar la génesis de una decisión que pone al gobernante k en una disyuntiva interesante: ser considerado un estadista que se preocupa por las medidas que pueda tomar un funcionario bajo los efectos de la droga; o bien ser visto como un violador de la intimidad de quienes sufren un grave problema de salud.

Buzzi fundamentó su decreto expresando que “quien se droga se vincula con la ilegalidad” y que “hay que dar el ejemplo desde la política y decir claramente de qué lado estamos”. Asimismo el propio gobernante, dijo que dará el “ejemplo” siendo el primero en someterse al control de tabique o en sangre.

En estas manifestaciones radican importantes circunstancias. El consumidor o adicto no es un delincuente por comprar droga, simplemente es una persona que tiene una enfermedad y debe ser tratada. Por otra parte, la intimidad de las personas está preservada en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional en el sentido de que cuando una conducta no afecta los intereses de terceros debe haber perfecta libertad, jurídica y social para realizar la acción.

Habría que preguntarle al gobernador de Chubut: ¿Las acciones de un funcionario público no deben juzgarse por los resultados de su gestión? ¿No sería más útil preocuparse por los vínculos de la droga con los sectores del poder en la argentina, en vez de perseguir a los consumidores?

No imagino un decreto que revise la agenda y los celulares de los funcionarios públicos para ver si tienen connivencia con los verdaderos señores de la droga en nuestro país, pero sería más conveniente que explorar tabiques ajenos.

Es dable mencionar que una adicción es una enfermedad física y emocional (definición según la Organización Mundial de la Salud).

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías, comidas rápidas, entre otras.

Tampoco concibo al gobernador de Chubut, tras la detección de los adictos a las sustancias químicas, revisando historiales de Internet a ver si ven mucha pornografía, pidiendo historias clínicas a ver que hacen con sus cuerpos; o hablando con los contadores a ver en que gastan su dinero sus funcionarios. No lo imagino, pero todo puede acaecer en este insólito y hermoso país.

El alcance de la moral pública está definido por el propio Art. 19 de nuestra carta magna, que presupone que las acciones que la ofenden son coextensivas con las acciones que perjudiquen a terceros. Buzzi parece entender que para preservar la moral social es más importante estigmatizar y sancionar a los consumidores de drogas, que combatir las verdaderas causas del narcotráfico.

En síntesis, la medida referida me recuerda más a la típica acción del “gordito buchón” de la clase, que a la de un Estadista preocupado por el grave problema del narcotráfico en la argentina. En ese sentido considero oportuno recordar una frase, que aunque anónima, no deja de ser sabia y oportuna: “el hombre superior se acusa a sí mismo; el hombre inferior acusa a los demás”.

*Abogado, comunicador, colaborador de Agencia País.

En twitter @mperezpelaez.